Ponencia del Movimiento Victoria Ciudadana sobre el

NUEVO CÓDIGO ELECTORAL

(Deponen la Lcda. Ana Irma Rivera Lassén, la Lcda. Rosa Seguí y el Ing. Héctor Alejandro)

Mi nombre es Ana Irma Rivera Lassén y presido el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC). Somos un movimiento de la ciudadanía formado por personas de distintas experiencias, agrupaciones y trasfondos. Celebramos la diversidad y pluralidad de posiciones. MVC nace para atender tres deberes urgentes de nuestro tiempo: el rescate de las instituciones públicas; la reconstrucción social, económica, ambiental y fiscal; y la descolonización.

Como parte de ese deber de rescate de las instituciones públicas, creemos en propulsar un gobierno limpio y participativo que acabe con la corrupción, la falta de transparencia y el inversionismo político. Para ello se necesita un cambio del sistema electoral que incluya, entre otras cosas: representación proporcional; segunda vuelta; iniciativa ciudadana, referéndum revocatorio y candidaturas coaligadas.


El Movimiento Victoria Ciudadana acude a estas vistas para expresar su parecer en torno al P del S 1314 y al P. de la C. 2164 sobre un “Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI”. Como entidad política estamos en el proceso de recoger los endosos necesarios para que se nos certifique como partido por petición. Los cambios que se proponen en las piezas legislativas afectan nuestra actividad actual de búsqueda de endosos, así como lo que será nuestra participación como partido en la Comisión Estatal de Elecciones  y en el país.


Procedemos a hacer llegar nuestros comentarios sobre ambos proyectos. En el mismo daremos más énfasis a algunos de los temas de los proyectos. Nuestro análisis está dividido en partes. Primero comenzaremos estableciendo que MVC favorece se presenten medidas que tengan como efecto ampliar la democracia y otorgar mayor acceso al Pueblo al proceso electoral. Desde ahí nos acercamos a los proyectos de ley que nos traen hoy aquí para ver si se cumple o no con este principio.


Veamos los aspectos que entendemos positivos en la propuesta de código electoral y a su vez las observaciones que tenemos sobre la manera en que los mismos están contemplados en los proyectos de Ley.

Primera Parte:


El primer punto es que Puerto Rico necesita revisar sus leyes electorales para que sean más actuales en cuanto a la utilización de herramientas tecnológicas. Dichas herramientas tecnológicas (Artículo 3.13) deben usarse para facilitar el que más personas puedan participar de los procesos electorales. Esto requiere, claro está, adoptar medidas fuertes y necesarias anti-fraude. El MVC entiende esas medidas anti-fraude deben estar vinculadas también a la necesidad de otorgar un rol de fiscalización robusto a los partidos de oposición. En la propuesta de ley no se expresan las medidas anti fraude y no están las garantías de fiscalización vinculadas a la participación de los partidos de oposición ya que se da trato preferencial a los partidos de mayoría en ese proceso.


En los proyectos de ley se propone extender los horarios de votación para que las personas tengan más tiempo para ejercer el voto. (Se cambia y se extiende el horario de apertura de los colegios de votación de nueve de la mañana (9:00) a cinco de la tarde (5:00). (Artículo 9.32) En principio estamos de acuerdo con eso ya que en el MVC creemos en facilitar la participación electoral. En ese sentido también nos parece correcto que se hable de permitir más mecanismos de identificación del elector o electora y la propuesta de tomar medidas para eliminar eventualmente la tarjeta electoral como identificación única para poder votar (Artículo 5.13). Sin embargo, tal y como está en la propuesta de ley no se expresan las medidas anti fraude que se tomarán para lograr el uso adecuado de otras identificaciones.

Igualmente nos parece correcta la propuesta de ampliar la categoría del Voto Adelantado y Ausente, de forma que las personas a quienes se les hace difícil llegar a un centro de votación por razones de salud, empleo, situación personal, y otras, puedan ejercer su derecho al voto (Artículos 9.34 al 9.39). En ese punto volvemos a llamar la atención a la necesidad de que se expresen en la Ley las medidas anti-fraude robustas que se adoptarán.

Creemos en facilitar la inscripción de nuevas fuerzas y voces, de forma que Puerto Rico sea verdaderamente un país pluripartidista pero estos proyectos de Ley no dan trato igual a los posibles partidos emergentes. De hecho, la manera en que se sigue definiendo los partidos limita posibilidades para que realmente se puedan dar más opciones tanto a los partidos como a las personas electoras. (“Los partidos políticos solo se certificarán y reconocerán individualmente dentro de las categorías dispuestas en esta Ley; y sin constituir alianza o coligación entre partidos políticos, sus candidatos o candidatos independientes.” Artículo 6.1) El MVC cree en permitir la presentación de candidaturas coaligadas, fomentando las alianzas y búsquedas de consensos entre los distintos movimientos políticos. La propuesta de relocalizar las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) en los Centros de Servicios Integrados del gobierno, en principio nos parece bien. El MVC favorece medidas que eviten el malgasto de fondos públicos y garanticen un proceso electoral justo y transparente por lo que velar por ese balance en las propuestas antes señaladas nos parece imprescindible antes de poder endosar como tal los proyectos de ley en los aspectos hasta ahora señalados.

 

Segunda Parte:


Asuntos incluidos en el Proyecto que son preocupantes y problemáticos. El MVC entiende que la propuesta de Código electoral da trato desigual a los partidos políticos inscritos. El sistema actual está basado en la igualdad entre las diferentes voces de nuestro Pueblo organizadas a través de partidos políticos. En las elecciones se miden fuerzas, pero una vez los partidos están en la CEE es vital la igualdad. Si no hay un rol efectivo y robusto para los partidos de oposición, se erosiona la confianza en el sistema electoral y se verá como uno que solamente favorece a unos partidos "superiores", minimizando y marginando a otros partidos que se consideran "inferiores".

Precisamente por la naturaleza de nuestro sistema electoral, se requiere una MAYOR participación de los partidos de oposición en la administración de nuestro andamiaje electoral. Como creemos en la necesidad de eliminar el malgasto y uso excesivo de fondos públicos, nuestra propuesta es que se disminuya el gasto operacional de la Comisión Estatal de Elecciones, pero que esos fondos reducidos se distribuyan equitativamente entre las fuerzas políticas del país. Un ejemplo sería que en vez de 2 Comisionados(as) Electorales con salarios de Secretarios(as) de Gabinete y los demás solamente con dietas por reunión, que todos(as) reciban solamente dietas.


Para el MVC es inaceptable que se limite a un máximo de 3 los y las Comisionados(as) Electorales propietarios. “(2) Composición de la Comisión Estatal de Elecciones (a) Como organismo colegiado, deliberativo y adjudicativo los miembros propietarios de la Comisión Estatal con voz y voto serán un Presidente; un mínimo de dos (2) y hasta un máximo de tres (3) Comisionados Electorales propietarios en representación de cada “Partido Estatal Principal” con franquicia electoral y que mayores cantidades de votos íntegros obtuvieron bajo su insignia en la Papeleta Estatal del total de votos válidos emitidos en esa papeleta en la Elección General más reciente; pero siempre que haya postulado ambas candidaturas estatales: gobernador y comisionado residente en Washington D.C.” (Artículo 3.1). Igualmente es inaceptable que un partido que retiene su franquicia, pero llegue cuarto, no tenga derechos igualitarios en la CEE (voto, facilidades, son varios ejemplos en el Proyecto de trato de inferioridad) Para MVC es inaceptable que un partido que logra su inscripción tampoco tenga derechos igualitarios en la CEE con la distinción entre Balance Electoral y Balance Institucional. El Balance Institucional establece un monopolio entre dos partidos, a exclusión de los demás, privando al Pueblo de Puerto Rico del rol fiscalizador de los demás partidos de oposición.

Un tema altamente preocupante es el tema de la manera de nombrar la Presidencia de la CEE. (“(5) El Presidente y el Presidente Alterno de la Comisión serán elegidos por la mayoría de los jueces del pleno del Tribunal Supremo de Puerto Rico”. Artículo 3.7(5). Por requerimiento constitucional, el nombramiento de dicho funcionario(a) de la Rama Ejecutiva (poderes ejecutivos, rol administrativo) no puede recaer sobre la Rama Judicial, a diferencia de lo que ocurre en las Comisiones Locales. La doctrina que se ha desarrollado tanto a nivel federal como en Puerto Rico es sobre la necesidad de que los funcionarios ejecutivos principales sean nombrados por el Gobernador (Buckley v Valeo, 424 US 1 (1976). En Puerto Rico surge de la Secs 1 y 4 del Art. IV de la Constitución. Rechazamos también el control excesivo propuesto para el Presidente o Presidenta de la CEE así como su mecanismo de nombramiento. Al MVC le preocupa la eliminación del requisito de recogido de endosos para candidatos independientes. (Artículo 7.15) Si bien estamos de acuerdo en que dichos requisitos deben ser razonables y accesibles, como por ejemplo un número de endosos más bajos, creemos no pueden eliminarse completamente. El sistema necesita un filtro mínimo para asegurarse que solamente candidaturas bona fide, con un mínimo de respaldo popular estén en la papeleta, de lo contrario, se diluye injustificadamente la papeleta. También nos preocupan los cambios a la Veda Electoral y trasladar las funciones de la CEE, a través de la Junta Examinadora de Anuncios, a la Oficina del Contralor Electoral. En este aspecto el rol fiscalizador de los partidos de oposición es crucial por lo que eliminar dicho rol debilita el propósito de la veda electoral. El Proyecto erosiona peligrosamente la normativa aplicable a dicha veda/anuncios.


El MVC, como mencionamos anteriormente, se opone a la prohibición de las coaliciones y alianzas (Artículo 6.1) que resulta incluso contrario al objetivo expresado en el Proyecto de dar más opciones al elector(a) y que este(a) elector(a) sea el centro de todo el esquema electoral. Nuestra historia electoral, además de los datos que menciona la introducción del propuesto código, también incluye a Santiago Iglesias Pantín como candidato del Partido Republicando y a la vez del Partido Socialista. En los EEUU, por ejemplo New York, varios partidos pueden nominar al mismo candidato(a).


Tercera Parte:


Propuestas que deben considerarse por la Asamblea Legislativa. El MVC propone la inscripción automática de toda persona cuando cumpla 18 años lo cual además va de la mano con tomar medidas que eliminan gastos innecesarios para su inscripción.


El MVC cree en mayores controles a la influencia del dinero privado en nuestro sistema democrático. Aunque el Código Electoral propuesto enmienda varias veces la Ley 222-2011, según enmendada, conocida como “Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico, se puede hacer más en esa dirección.


El MVC cree en eliminar la influencia dañina del inversionismo político a través del financiamiento privado y lograr una transición hacia un sistema de financiamiento público. Creemos en un financiamiento considerablemente reducido, de forma que no sea un gasto extravagante. El Movimiento Victoria Ciudadana cree que No es suficiente meramente adoptar una nueva Ley; reformar el sistema electoral puertorriqueño hacia nuevos linderos de democracia requiere mucho más, incluyendo cambios constitucionales que solamente pueden originarse en la Asamblea Legislativa.


Algunos de esos cambios son:


1. La doble vuelta. En la actualidad estados como Luisiana y países como Francia y Brasil tienen este sistema, de forma que se garantice que quien sea electo o electa cuente con el favor de una mayoría del electorado y no meramente una pluralidad.


2. El referéndum revocatorio. Hay estados como California que tienen este mecanismo, de forma que el Pueblo pueda acortar el mandato de un(a) funcionario(a) que se aleje de sus compromisos con el Pueblo (hay varios modelos posibles, por ejemplo, que para revocar un mandato hace falta que más personas voten a favor de remover que los que votaron a favor de la persona cuando fue electa)


3. Iniciativas populares. En California tienen este mecanismo, de forma que el Pueblo pueda requerir la celebración de referéndums para adoptar normas que la legislatura no quiere o eliminar normas que la legislatura adoptó.
 

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